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¿Principio y resultado? Estrategia digital nacional

Fuente: proceso.com.mx

La austeridad que siempre es necesaria es imprudente. Una cosa es el uso ineficiente de los recursos técnicos y la otra es que no se ha determinado su utilidad y no se han adquirido.

En México, la brecha digital es del 28% de la población de 6 años o más que no puede acceder a Internet; la mitad de los que están desconectados se encuentran en zonas rurales. Los esfuerzos de la nueva estrategia digital nacional del gobierno federal deben estar dirigidos a expandir la red, conectar a estos residentes y cambiar la administración pública federal, pero ¿serán suficientes tres años para lograrlo?

El acuerdo para publicar la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 se puede encontrar en el Comité Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Ante la desaparición del Viceministro de Comunicaciones, el responsable de formular la política digital de México es Emiliano Calderón, coordinador nacional de estrategia digital de la Presidencia de la República.

Este departamento de apoyo técnico del Palacio Presidencial fue creado en el marco de la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión durante el gobierno de Pegnaneto en 2013. Desde entonces, la gente ha notado que el diseño institucional no es el más adecuado porque duplicaba las funciones de la entonces Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, pero no contaba con los recursos suficientes para lograr sus objetivos y desplegar la infraestructura de banda ancha. Ahora, la coordinación de EDN es el único ámbito responsable de la política pública digital.

El presupuesto 2021 de la unidad es de 14,7 millones de pesos. El informe de investigación “Brecha digital en América Latina y el Caribe: Informe anual del índice de desarrollo de banda ancha” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó que para cerrar la brecha digital en México se requeriría una inversión de 11.800 millones de euros. Dólares estadounidenses, que generarán más de 867.000 puestos de trabajo. El 42,9% de la inversión se destinará a zonas rurales.

Actualmente, la atribución de coordinación de la EDN revisada se encuentra en el artículo 36 del Reglamento del Palacio Presidencial de la República de diciembre de 2019. Emiliano Calderón es un funcionario poderoso en el papel porque tiene la capacidad de preparar, coordinar, implementar y evaluar la estrategia digital nacional, pero en la práctica carece de fondos suficientes para hacerlo.

También tiene la facultad de recomendar el nombramiento y destitución del titular del sector TIC de la agencia administrativa federal, y suscribir convenios de cooperación con agencias constitucionales autónomas, gobiernos estatales, poderes legislativo y judicial, agencias privadas e internacionales.

Una de sus principales tareas es la compra de software y equipos técnicos para que el gobierno colabore y brinde opiniones técnicas. En definitiva, se encarga de coordinar y dar cumplimiento a las políticas en materia de tecnologías de la información, gobierno digital y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con todos los organismos oficiales.

La nueva EDN propuesta por Calderón tiene dos ejes: transformar la política digital de la administración pública federal a través de las TIC y ampliar la cobertura de Internet y cumplir con la política de sociedad digital del artículo 6 de la Constitución. Según este artículo, el estado Garantizar el acceso a las TIC, incluyendo Banda Ancha e Internet, e integrarse en la sociedad de la información y el conocimiento a través de una política universal de inclusión digital.

A Calderón le interesan tres aspectos reflejados en EDN: orientar el uso y desarrollo de las TIC en beneficio del bienestar social de las personas, las políticas de austeridad y el uso de tecnologías de acceso abierto y software libre o desarrollo nacional.

Los principios de EDN son la austeridad, la lucha contra la corrupción, la eficiencia de los procesos digitales, la seguridad de la información y la soberanía tecnológica.

Dijo: “El objetivo de la EDN es solucionar estas deficiencias y cambiar la visión de las acciones y relaciones entre el gobierno, las empresas privadas, la comunidad científica y tecnológica y la sociedad, para otorgar privilegios de autonomía, soberanía e independencia tecnológica. Gobierno”.

La austeridad que siempre es necesaria es imprudente. Una cosa es el uso ineficiente de los recursos técnicos y la otra es que no se ha determinado su utilidad y no se han adquirido. Calderón cree que “existen algunas experiencias gubernamentales negativas que utilizan la promesa y el alcance potencial del boom de la digitalización y las TIC como excusa para el despilfarro opaco de los recursos públicos”. Actualizar y comprar equipos y sistemas de manera razonable para evitar la obsolescencia.

En cuanto a la anticorrupción, también se discutió la utilidad de la tecnología en el mismo espacio, tratando esta mala práctica como un tema técnico más que cultural.

En cuanto a la eficiencia de los procesos digitales, es necesario que Calderón “elimine la idea errónea de que todos los procesos ejecutados a través del sistema han sido digitalizados y representan una mejora. Algunos procesos deben digitalizarse de punta a punta en función de su simplificación y relevancia”. Corea del Sur O los países más avanzados digitalmente como Estonia comienzan con políticas de gobierno electrónico. EDN no tiene planes de digitalizar el porcentaje del papeleo del gobierno federal para 2024.

No es necesario reiterar la relevancia de la seguridad de la información. Según el Índice Global de Seguridad Cibernética de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, México ocupa el puesto 52 entre 194 países (el puesto 28 en 2017). La mayor debilidad de México son las medidas legales y organizativas, especialmente la falta de una estrategia nacional de ciberseguridad.

Finalmente, el principio de soberanía tecnológica es relevante. Se refiere a la única atribución de México por decisiones tomadas sin intervención externa en políticas y estrategias digitales y tecnológicas. Este principio está relacionado con el Capítulo 18 del T-MEC sobre telecomunicaciones: “Ninguna de las partes impedirá que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones elijan la tecnología que desean para brindar sus servicios”. Ningún país puede obligar a México a prohibir el uso de ninguna tecnología o proveedor, lo cual es positivo.